Latinoamérica, record mundial de muertes de ambientalistas

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La región contabilizó en 2014 el 70% de las muertes globales de activistas, Brasil es el país más peligroso con 90 casos en el año.

En Latinoamérica, la lucha por el medio ambiente puede costarte la vida. Raimundo Rodrigues da Silva fue una de las víctimas de 2014. El campesino de 42 años luchaba por los derechos de sus tierras cuando recibió un tiro mortal de escopeta en la localidad de Campestre, ubicada en el nordeste de Brasil. Su nombre, según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), estaba incluído en una lista negra debido a su enfrentamiento con un poderoso terrateniente de la zona.

El caso de Raimundo es uno de los 116 asesinatos que relata el informe de la ONG Global Witness, que alerta sobre la violencia sufrida por los defensores del medio ambiente. El año pasado concluyó con 21 víctimas más que en 2013 y Brasil continúa liderando este ranking mundial de violencia ambiental impune con el 25% de las muertes. Le siguen Colombia (25), Filipinas (15) y Honduras (12) en una lista de 17 países. Latinoamérica registró 87 asesinatos. Honduras, considerado el país más violento del mundo según la ONU, también mantiene su posición, por quinto año consecutivo, como el lugar con malas asesinatos de activistas per cápita.

Global Witness investiga casos de corrupción y abusos en la explotación de recursos naturales, califica las cifras en una región en dónde no abundan las cifras oficiales. La ONG también calificó de “tendencia alarmante“ el hecho de que algunos Gobiernos usen legislación antiterrorista en contra de activistas, describiéndoles como enemigos del Estado.

En el caso de Brasil, donde la organización ha contado 477 asesinatos desde 2002, la mayoría de las muertes está relacionada con conflictos por la propiedad, el control y el uso de tierras, además de con la tala ilegal.

Las causas se repiten alrededor del globo y la situación se complica en pequeñas comunidades y pueblos indígenas que batallan por los títulos de propiedad de sus tierras, un derecho que acaba enfrentándoles con los intereses de la denominada agroindustria, la minería, la construcción de presas hidroeléctricas el la tala industrial. El 40% de las víctimas son indígenas.

Según el informe, la mayoría de las muertes de activistas se archiva sin culpables.

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